Chilca: Una lucha perenne contra el tráfico de tierras

Estamos ante una comunidad campesina que ha sido dueña de medio sur chico en Lima, y que ha visto cómo su propiedad se ha ido reduciendo a la mínima expresión.

El tráfico de tierras es un mal característico de las últimas décadas. En Lima, la comunidad campesina que más se ha perjudicado ha sido la de Chilca. Los comuneros ni siquiera tienen una idea de cuántas hectáreas han perdido debido a las transacciones clandestinas y amarradas que se iniciaron el año 2000, con la Ley Agraria de Fujimori. Ese decreto permitió a las sucesivas directivas vender los terrenos como pan caliente.

Nuestra comunidad fue reconocida por una resolución de 1929 como propietaria de 49.229 hectáreas. Sus límites iban desde el océano Pacífico —Eisha incluida—, pasando por Azpitia y el río Mala, hasta la sierra. Somos los herederos del primer agricultor de la costa peruana, el famoso hombre de Chilca: seminómade, horticultor y marisquero, que vino de la sierra y se instaló en las quebradas y cerca de la playa de este valle. Ideó las chacras hundidas que hasta ahora se pueden ver al costado de la carretera, y en las que todavía se cultivan higos.

Ttráfico de terrenos de La República
Fotografía de La República

Ley de Comunidades Campesinas a la deriva

En el año 2000 algunos dirigentes comunales se dedicaron a vender terrenos. La Ley de Comunidades Campesinas ya no protegía sus propiedades y comenzó el desbande. El tráfico de tierras existe porque falta una regulación de la Ley de Comunidades Campesinas y no hay mecanismos legales para detenerlo. De hecho, desde hace muchos años se han estado vendiendo terrenos comunales de manera indiscriminada a través de minutas o contratos privados realizados en notarías de provincias, muchos de ellos con firmas falsificadas.

Los interesados en la adquisición de tierras dicen que han comprado de buena fe, pero no se les ocurrió verificar quiénes estaban en posesión de los terrenos y si los títulos de propiedad estaban en orden. Los comuneros no se acercan a denunciar, muchas veces por temor; otras porque han perdido cohesión y están divididos. La Fiscalía de Mala nunca ha iniciado trabajos de oficio. Las municipalidades distritales y provinciales se han hecho de la vista gorda, o han estado directamente comprometidas en el ‘negociado’. El Estado, a través del Ministerio de Agricultura y COFOPRI, tiene su propia jugada.

En pie de lucha

La comunidad de Chilca posee un administrador judicial. Los líos y el permanente destape de entuertos hicieron que Adriana Torres, la vocal de la nueva Junta Directiva Comunal, solicitara esta medida cautelar al juez de Mala. El juzgado nombró en el cargo al señor Jorge Huapaya, uno de los pocos agricultores que todavía sobreviven en la zona, para que ocupara el cargo.

No obstante, de la misma manera como Jorge Huapaya ocupó el cargo de Administrador Judicial ahora lo ocupa el señor Ricardo Chumpitaz Bustamante, quien ya se instaló en el local comunal, que cabe resaltar durante todos estos años ha permanecido en total abandono por culpa de las directivas anteriores y los mismos comuneros, quienes hasta la fecha no han recibido lo que realmente merecen.

Hoy quedan muy pocos agricultores. La zona rápidamente está dejando de ser agrícola para convertirse en industrial. El paisaje está siendo dominado por los cuatro bunkers de concreto que botan humo a un lado de la Panamericana, y por la Fénix Power, ubicada en plena playa. Del encanto de Chilca solo queda la plaza a la entrada del pueblo con sus esculturas de tamaño natural que representan a los pobladores chilcanos. El resto es casi un terral, como consecuencia de los tremendos problemas ocasionados por el racionamiento del agua.

Esperemos que la nueva dirección lleve por buen camino a la comunidad campesina de Chilca y haga prevalecer el derecho de todos los comuneros, para que no se dejen llevar por la corrupción, como sí lo hicieron otras directivas.

Recordemos

En el año 2013, tanto en Mayo como en Diciembre, se presentaron dos casos sobre tráfico de terrenos. Tanto la denuncia del propietario Manuel Chiarella Masías a la Fiscalía de Mala por beneficiar este acto irregular y el pedido de los pobladores para exigir un diálogo con el exalcalde Alfredo Chauca Navarro para resolver esta problemática, respectivamente.

denuncia sobre fiscalía
Denuncia en Mayo de 2013. Fuente: RPP
pobladores piden diálogo con alcalde
Pobladores pidieron dialogar con el exalcalde (2013). Fuente: RPP